CONTRATAR POR VÍA TELEFÓNICA O ELECTRÓNICA (1)

El día 17 de diciembre de 1999 fue aprobado, por propuesta del Ministerio de Justicia, el Real Decreto 1906/1999, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales.

El Real Decreto parte del presupuesto de la actuación más habitual en este tipo de contratos, fijando el ámbito objetivo de la norma por referencia al doble aspecto de contratos con condiciones generales (cláusulas homogéneas regidas unilateralmente por el profesional o empresario para realizar un número ilimitado de contratos) y realizados telefónica o electrónicamente (contrato realizado a distancia, ya que ambos contratantes no están presentes en el mismo lugar en el momento de suscribir el contrato).

El Real Decreto se basa en la Directiva comunitaria del 20 de mayo de 1997, sobre protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, a propuesta de Directiva sobre comercio electrónico y el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, proyecto del que fue coproponente el Ministerio de Justicia.

Según esta normativa, los derechos esenciales de los consumidores en el ámbito de la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, son los siguientes:

1. INFORMACIÓN PREVIA.

Cuando menos con tres días de antelación, el profesional o empresario deberá facilitarle al consumidor o contratante información veraz sobre las cláusulas del contrato y el texto completo de las condiciones generales que incluya. Esta información o oferta debe ser prestada de forma eficaz y completa para que la persona que se adhiera al contrato tenga un conocimiento real de su contenido.

2. DOCUMENTACIÓN.

Una vez aceptado el contrato por el consumidor o adhiriente, el profesional o empresario debe remitirle, de forma inmediata, la documentación acreditativa de la contratación efectuada, ora sea en papel ora en un soporte informático duradero, según el medio de comunicación utilizado, y en el idioma del consumidor (o en el que utilizase el profesional o empresario para hacer la oferta).

3. DERECHO DE RESOLUCIÓN.

Una vez cumplido el deber de información previa y entregada la documentación relativa al contrato, el consumidor o adhiriente tiene un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial del lugar de su residencia habitual, para resolver el contrato sin penalización ni gasto alguno (incluidos los correspondientes a la devolución del bien). El ejercicio de este derecho no está sujeto a ninguna formalidad. Si la información previa o la confirmación documental se produjeron después de la entrega del bien o de la celebración del contrato, los siete días hábiles se computarán desde el cumplimiento de estas obligaciones. Si éstas no se hubiesen cumplido de forma completa (información previa y documentación), el consumidor o adhiriente podrá resolver el contrato en el plazo de tres meses.

4. RECLAMACIÓN JUDICIAL.

Para acreditar la celebración del contrato y que pueda probarse su existencia, se establecen dos normas de carácter general:

4.1 FIRMA:

Se prevé la posibilidad de firmar el contrato de forma electrónica y, en consecuencia, para que ésta tenga el mismo valor que la firma manuscrita, debe tratarse de la que se denomina firma electrónica avanzada (ver guía sobre firma electrónica en la página web del Ministerio de Justicia: www.mju.es)

4.2 PRUEBA:

Corresponderá al predisponiente la carga de la prueba de la contratación efectuada, en lo que corresponde a información previa, entrega de condiciones generales, documentación del contrato, renuncia al derecho de resolución y correspondencia entre la oferta y cumplimiento del contrato por el predisponiente.

5. CONTRATOS EXCLUíDOS.

Conforme prevé la Directiva sobre protección de los consumidores en materia de contratos a distancia y la Ley de condiciones generales de contratación, quedan excluídos del ámbito de aplicación del Real Decreto: los contratos administrativos, laborales, de constitución de sociedades, familiares, societarios y los que reflejen disposiciones legales, administrativas o convenciones internacionales.

6. CONTRATOS SUJETOS A NORMAS ESPECIALES.

No será de aplicación el Real Decreto a los contratos referidos a servicios financeiros (que consistan en servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva), seguro y reaseguro, bancarios o prestados por entidades sujetas a supervisión prudencial, relativos a fondos de pensiones y a operaciones a plazos y de opción, los celebrados mediante máquinas o locales automáticos, en subasta y los relativos a la construcción y venta de bienes inmuebles y demás relativos a derechos reales sobre los mismos, bien como los de alquiler de bienes inmuebles regulados por leyes especiales, excepto los alquileres de temporada.

Estos contratos quedarán sujetos a su normativa específica, que establece un nivel de transparencia y de control superior a la contratación electrónica o telefónica ordinaria. No obstante, como cláusula de cierre, se establece que en estos supuestos deberá quedar constancia documental de la contratación efectuada, ora sea en forma escrita ora en registros magnéticos o informáticos, de acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso. A falta de esta, se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos de la misma.

7. PUBLICIDAD DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.

El Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación, aprobado por Real Decreto el 3 de diciembro de 1999, establece la posibilidad de que los empresarios o profesionales puedan hacer públicas las condiciones generales de la contratación (consultar guía en www.mju.es), así como las condiciones declaradas nulas judicialmente cuya inscripción en este Registro es obligatoria. Es decir, en cualquier caso, los consumidores y los contratantes en general podrán obtener del Registrador la información que necesiten sobre las condiciones generales incluida en su contrato o en el contrato que vayan a celebrar.

8. ÁMBITO TERRITORIAL.

Estas normas se aplicarán siempre que la adhesión a las condiciones generales se realizase en España, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato.


(1) Artículo basado en informaciones del Ministerio de Justicia: www.mju.es

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